Diego Yépez Garcés y Gisela Vaca Jaramillo

Ni la carga de trabajo, ni la falta de personal podrán justificar la vulneración de Derechos a la hora de manejar una investigación en el campo penal en el Ecuador

 

El Estudio Jurídico Yépez&Vaca ha conseguido generar un precedente que garantiza que la duración de la fase de investigación previa (fase pre procesal), no dure más de lo establecido dentro del Código Orgánico Integral Penal. Según el tipo de delito, el tiempo de investigación no puede excederse más de 2 años para aquellos delitos sancionados con una pena superior a los 5 años, ni más de 1 para aquellos delitos sancionados con una pena menor a los 5 años. Ni la excesiva carga de trabajo, ni la falta de personal de apoyo, ni la continua rotación de los fiscales, tan común en la FGE, serán argumentos válidos para que los Fiscales mantengan aperturada una investigación previa por más tiempo permitido dentro de la ley. 

 

Por medio de la Acción de Protección No. 17203-2020-00420, presentada en defensa de los derechos de uno de nuestros clientes, logramos que se reconozca y se declare que el hecho de mantener aperturada una Investigación Previa, por más tiempo del establecido en el COIP, es un acto que vulnera los derechos a la SEGURIDAD JURÍDICA y al DEBIDO PROCESO de las personas que ostentan la calidad de investigados

 

Mediante sentencia de fecha 06 de junio de 2020, el tribunal de la sala Única de la Civil y Mercantil de la Corte Provincial, decidió y dispuso lo siguiente:

 

[…] DECISIÓN:

En mérito de todo lo expuesto este Tribunal Ad quem, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, acepta parcialmente el recurso de apelación presentado por el accionante J.L.C.R.; en consecuencia, acepta la acción de protección interpuesta por el legitimado activo y revoca la sentencia dictada por la jueza A quo, y declara:

  1. La vulneración del derecho a la seguridad jurídica previsto en el artículo 82 de la Constitución de la República, así como violación al derecho al debido proceso garantizado por el artículo 76.1 y 76.3 ibídem, del legitimado activo J. L. C. R.

Como medidas de reparación se dispone:

  1. La declaración de la vulneración de los derechos constitucionales, constituye por sí mismas ya una medida de reparación a favor del accionante.
  2. No obstante, adicionalmente se ordena que la parte accionada-Fiscalía-prosiga con el impulso fiscal necesario para que se obtenga de parte del órgano jurisdiccional el pronunciamiento definitivo respecto del pedido de archivo que realizó la parte accionada dentro de la investigación previa Nro. 170101816081747 que se aperturó en contra del legitimado activo de esta acción de protección.
  3. Que se publique esta sentencia en la página web de la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, los funcionarios que forman parte de la Fiscalía General del Estado, a cargo del impulso de las investigaciones en curso, deberán actuar con debida diligencia; procurando para el efecto ser eficientes en la recolección de evidencia para impulsar la apertura de una causa -de haber mérito- ó por el contrario, ser lo suficientemente transparentes y objetivos para desestimar y requerir de la autoridad judicial el archivo de una investigación cuando se ha llegado a la conclusión de que no se debe continuar con una investigación penal.